Ha sido de conocimiento público que la Dirección General de Ingresos (DGI), denunció una red conformada por servidores públicos y particulares, previa emisión de Informe Técnico del Auditor de 9 de octubre de 2025.

El contribuyente que haya sido víctima de los hechos relacionados con la Operación Pandora, podría considerar la presentación de una Querella Penal dentro del proceso que adelanta la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos contra la Delincuencia Organizada; priorizando los siguientes ejes:

  1. La caracterización del perjuicio directo y autónomo sufrido por el contribuyente, en atención a los numerales 1 y 6 del artículo 79 del Código Procesal Penal.
  2. Una calificación jurídica amplia que impida la absorción del caso en el tipo tributario extinguible por la vía del artículo 288-J del Código Penal.
  3. La solicitud expresa de ser oída en cualquier acuerdo del artículo 220 y de que la restitución registral se establezca como condición de todo acuerdo que se pretenda homologar.

Los hechos no perjudican únicamente al Estado, por lo que es indispensable comparecer dentro del proceso penal resaltando la condición de víctima del contribuyente afectado. El Código Procesal Penal dispone en su artículo 79 que se considera víctima del delito:

  • La persona ofendida directamente por el delito.
  • El cónyuge, el conviviente en unión de hecho, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos de la persona ofendida.
  • Los socios, en relación con los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirigen, administran, gerencian o controlan.
  • Las asociaciones reconocidas por el Estado, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, conlleven graves perjuicios patrimoniales para el Estado o afecten servicios públicos, siempre que el objeto de la asociación se relacione directamente con esos intereses.
  • Las instituciones y entes públicos afectados en los casos de delitos contra la Administración Pública y contra el patrimonio económico, o cuando por cualquier circunstancia se encuentren afectados sus bienes.
  • En general, toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños y/o lesiones físicas, mentales o emocionales, incluyendo la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos, como consecuencia de acciones que violen la legislación penal vigente, con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al infractor y de la relación familiar existente entre ellos.

La legitimación del contribuyente afectado está acreditada de conformidad con el numeral 1 que se refiere a la persona ofendida directamente por el delito, mientras que el numeral 6 comprende a toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, incluida la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos. Además, el numeral 6 confiere la condición de víctima “con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al infractor”; por tanto, dicha calidad no depende del resultado del proceso, ni de la suerte procesal de los imputados, lo que refuerza que su reconocimiento no requiere una decisión previa sobre responsabilidad penal.

Preliminarmente la Querella Penal podría interponerse por la posible configuración de los siguientes delitos:

a) Falsificación de documentos informáticos (artículo 366-A del Código Penal).

De conformidad con los hechos descritos por las autoridades, este es el tipo penal que parece ajustarse a la actividad ilícita cuyo perjuicio debemos reclamar; puesto que la norma sanciona a quien, indebidamente, ingrese, altere, borre, suprima o falsifique datos informáticos.

b) Falsedad ideológica en documento público (artículo 366 del Código Penal).

Se configura así la inserción de declaraciones falsas en documentos destinados a probar un hecho, es decir, la inexistencia o frustración del hecho generador, con condición objetiva para ocasionar perjuicio. Este tipo se complementa con el artículo 373 (uso o aprovechamiento de documento falso, sancionado como autoría), que podría alcanzar a quienes se beneficiaron.

c) Delitos contra la Administración Pública.

Resultarán aplicables en la medida en que los hechos involucren a una institución pública y/o servidores públicos:

  • Peculado (artículo 338 y siguientes del Código Penal): sustracción o permisión de sustracción de caudales o efectos cuya administración o custodia está confiada al servidor público. La discusión durante el proceso será si un crédito fiscal registral constituye “caudal o efecto”. Por ello, podría considerarse sustracción y no necesariamente defraudación en sentido estricto.
  • Corrupción de servidores públicos (artículos 34 y siguientes del Código Penal): la investigación podría apuntar a que funcionarios habrían recibido pagos ajenos a su salario, a cambio de ejecutar los ajustes internos.

d) Delitos contra el Tesoro Nacional (artículos 288-G, 288-H y 288-I del Código Penal).

El artículo 288-H podría aplicar al beneficiario final, “quien obtenga fraudulentamente una exoneración, devolución, disfrute o aprovechamiento de beneficios fiscales indebidos”.

El artículo 288-G se refiere a “dejar de pagar, en todo o en parte, los tributos correspondientes”.

El artículo 288-I extiende la responsabilidad a la persona jurídica “utilizada” o “beneficiada” por las conductas del capítulo.

e) Blanqueo de capitales (artículos 254, 255 y 257, en el caso del artículo 254 desplaza al 254-A del Código Penal).

El artículo 254-A con la exigencia de conocimiento “a sabiendas”, rige el blanqueo de bienes procedentes de delitos contra el Tesoro Nacional.

Sin embargo, el delito determinante podría no ser exclusivamente tributario, pues un crédito espurio podría nacer de una falsificación de documentos informáticos y de un peculado, ambas figuras listadas en el artículo 254.

La diferencia decisiva en el tipo subjetivo consiste en que el artículo 254 exige que el agente actúe “previendo razonablemente” que los recursos proceden de las actividades listadas, en tanto que el artículo 254-A exige actuar “a sabiendas”. La primera fórmula admite dolo eventual.

Aplicado a una entidad bancaria que adquiere por cesión, con descuento, créditos fiscales cuyo respaldo documental es un ajuste interno de la DGI por un contribuyente constituido en el extranjero y sin relación comercial previa, el estándar de previsibilidad razonable resulta alcanzable. Se refuerza, además, con el deber de debida diligencia agravado que pesa sobre la entidad en su condición de sujeto obligado bajo la Ley 23 de 2015: la infracción de ese deber opera como indicio de que la previsibilidad existía y fue deliberadamente desatendida; y también podrían analizar un elemento de ocultamiento (la sociedad intermediaria).

Ese eslabón carece de explicación económica: si la operación fuese legítima, el crédito habría pasado directamente del titular registral al beneficiario. La única función de la sociedad intermediaria en la cadena es romper la trazabilidad entre el RUC afectado y el beneficiario final, esto es, “impedir la determinación del origen” en los términos del artículo 255, numeral 1. Este eslabón podría convertir un fraude tributario en un esquema de blanqueo de capitales.

El artículo 257 podría alcanzar a los servidores públicos que se valieron de su función para autorizar o permitir el blanqueo.

Durante el proceso podía debatirse ¿es el crédito fiscal objeto material idóneo? El artículo 83 del Código de Procedimiento Tributario reconoce el crédito fiscal como objeto de cesión, es decir, como bien patrimonial transmisible dotado de valor de cambio. Su carácter escritural o desmaterializado no lo excluye de la fórmula «dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros» del artículo 254.

f) Delincuencia organizada (artículo 328-A del Código Penal).

Sus presupuestos son:

  • Pluralidad y estructura: funcionarios con acceso al módulo de cuenta corriente, gestores externos, notarios, sociedades intermediarias, beneficiario final.
  • Permanencia: el informe del auditor detecta ajustes solo bajo la modalidad de anulación de declaraciones, y modalidades operativas distintas. No se trata de un hecho aislado.
  • División funcional de roles: la separación entre quien modifica el registro del contribuyente, quien tramita la anulación, quien procesa el ajuste y quien recibe la cesión constituye la marca característica de la estructura organizada.
  • Fin delictivo comprendido en el catálogo: blanqueo de capitales, delitos contra la Administración Pública, delitos contra la seguridad informática y delitos financieros, figuran en la enumeración del artículo 328-A.

g) Delitos contra la seguridad informática (artículo 289 y siguientes del Código Penal).

Los tipos de acceso y manipulación indebida de bases de datos operan de forma autónoma y, además, como delito determinante a efectos del artículo 328-A.

h) Concurso de delitos, los hechos evidencian la existencia de un concurso material de delitos entre falsedad, delitos informáticos, peculado, blanqueo de capitales y delincuencia organizada. Los bienes jurídicos protegidos son distintos.

La fe pública, el patrimonio y correcto funcionamiento de la Administración, el orden socioeconómico, y la seguridad colectiva. Los actos, además, son temporalmente separables. En este escenario, tanto la Fiscalía, como el contribuyente en su condición de víctima, debe procurar fortalecer la teoría del concurso de delitos, mientras que la defensa probablemente sostendrá la existencia de un concurso aparente que absorba la totalidad de los hechos en el tipo tributario más benigno.

 

En cuanto a los potenciales métodos alternos de solución de conflicto, debe considerarse que, aunque constituyen una opción procesal, ello no elimina la necesidad de presentar la querella penal para ser parte del proceso y conocer oportunamente cualquier acuerdo que se proponga.

 

El artículo 220 del Código Procesal Penal permite los acuerdos entre el Ministerio Público y el imputado a partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de ser presentada la acusación al Juez de Garantías.

 

El artículo 288-J del Código Penal, establece la exención de pena cuando se paga la totalidad del tributo defraudado antes de la sentencia de primera instancia, y la extinción de la acción penal si el pago se verifica durante la fase de investigación. Existe, por tanto, una vía legalmente prevista para que el beneficiario final salde su deuda con el Tesoro Nacional y cierre el frente tributario sin reparar en absoluto la situación del contribuyente afectado.

 

Debe resaltarse la necesidad de constituirse en querellante, pues si el contribuyente afectado no lo hace antes del cierre de la ventana de acuerdos, la negociación se desarrollará sin su intervención, la restitución de su situación registral no formará parte del objeto negociado y su pretensión podría quedar reducida a una acción administrativa-tributaria y/o civil autónoma frente a imputados presumiblemente insolventes.

 

En EVANS GROUP, mantenemos nuestro compromiso de brindar asesoría y representación legal especializada en materia penal, velando siempre por la protección de los derechos y garantías de nuestros clientes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

This site is registered on wpml.org as a development site.